Las actividades de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán (UIIM) han encarado, desde el arranque una serie de problemas académicos, institucionales, financieros, de infraestructura y de gestión. Esta situación ha resultado, al paso de los años, en una matrícula reducida, altos índices de reprobación, baja calidad educativa y académica, sistemática deserción estudiantil, limitada vinculación con la sociedad inmediata y nula inserción laboral de calidad. Estas circunstancias afectan el objetivo primordial de educación y realización de los jóvenes de las comunidades y ponen en serio riesgo la razón de ser de la propia universidad.
Mientras se repite, año tras año, el fenómeno de los "rechazados" universitarios a nivel estatal, la matrícula de la UIIM ha descendido en aproximadamente 40 por ciento en los últimos cuatro años, para llegar a escasamente un poco más de 500 alumnos para el ciclo actual (2015-2016) en todas las carreras y niveles. Esto es para un profesorado, artificialmente amplio, de más de cien docentes.
Siendo parte de la administración estatal gubernamental, la UIIM sufre, también, de los mismos síntomas y malestares. Incluye, entre otros, amplio subejercicio sistemático de recursos en algunos programas; aplicación indebida de partidas presupuestales en muchos otros casos; y déficit sustancial en las aplicaciones de las fuentes básicas de recursos. Primordialmente, las causas de esta situación son la abultada "nómina" laboral, en coincidencia con la inexperiencia para ejercer, oportunamente y con sentido, los recursos extraordinarios otorgados.
Otros aspectos críticos se refieren a la discrecionalidad en el actuar del equipo central de gestión, sin apego a los lineamientos y reglas de operación. Esto comprende el incumplimiento persistente de los procedimientos administrativos, incluyendo irregularidades en la contratación de docentes (muchos con perfiles inadecuados), para la cual el propio rector actual fue nombrado (en abril de 2015) bajo las condiciones menos estrictos establecidas en el (innecesario) decreto administrativo de reforma del 18 de marzo 2015.
Es, por tanto, inaplazable que se tomen cartas en el asunto por parte de Ejecutivo y del Legislativo de la entidad. No se puede seguir intentando "despegar" después de casi diez años de actividades. El tiempo perdido representa un desfalco intelectual al desarrollo del capital humano de las comunidades.
Autor: Bertha Dimas Huacuz
La Jornada Michoacán. Viernes 11 de diciembre de 2015
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